La salida a la crisis que hoy atraviesa nuestra universidad no reside en la corrección marginal de un procedimiento electoral, sino en la reconstrucción de su fundamento político. Una ponderación universal del cuerpo académico, basada en la igualdad sustantiva y no en la igualdad aritmética, constituye una respuesta estructural al problema de fondo: la distancia creciente entre la composición real del trabajo académico y su expresión política. Reconocer que el derecho a participar en la decisión colectiva debe guardar relación con el nivel de implicación institucional —medido en horas contractuales y responsabilidades efectivas— no debilita la democracia universitaria; por el contrario, la dota de legitimidad, estabilidad y capacidad de proyección.
La universidad no es una suma abstracta de individuos, sino una comunidad atravesada por relaciones desiguales de carga laboral, reconocimiento y responsabilidad. Persistir en una noción homogénea de igualdad formal, desanclada de estas diferencias, ha producido exclusiones arbitrarias y ha vaciado de contenido la idea misma de demos universitario. La ponderación universal aparece, así, como una forma de reconstituir la representación, articulando en una misma arquitectura política a quienes sostienen la docencia, la investigación, la gestión y la vinculación con el medio en condiciones contractuales profundamente asimétricas.
El problema que enfrentamos es más profundo y puede describirse como una triada crítica: por una parte, una docencia crecientemente descansada en académicos de dedicación parcial, sin una carrera académica que ordene su mérito, trayectoria y derechos; por otra, un cuerpo académico regular que no da abasto para responder equilibradamente a los múltiples componentes misionales; y, finalmente, una estructura de representación política incapaz de expresar esa heterogeneidad constitutiva. Esta combinación ha generado una fractura entre quienes sostienen materialmente la universidad y quienes pueden incidir en sus decisiones estratégicas, erosionando la legitimidad del orden institucional.
Cualquier posición que proponga aplicar criterios de ponderación únicamente a los académicos por hora de clases incurre en una lectura reducida y defensiva del conflicto. No solo desconoce el sentido profundo del fallo que advirtió la exclusión arbitraria, sino que reintroduce una lógica segmentaria que fragmenta al cuerpo académico y posterga indefinidamente la resolución del problema político de fondo. Lejos de ofrecer estabilidad, esta vía expone a la universidad a una reiteración del conflicto y a una nueva crisis de gobernabilidad, al no asumir que lo que está en juego es la forma misma en que se constituye la voluntad colectiva.
En este contexto, resulta imprescindible señalar que toda candidatura a Rector o Rectora que eluda pronunciarse de manera clara y sustantiva sobre este asunto reproduce una práctica demagógica: convoca adhesiones sin hacerse cargo de las condiciones estructurales que permitirían que esa adhesión se traduzca en un mandato legítimo. La universidad no puede seguir postergando la discusión sobre su demos mientras discute liderazgos; hacerlo equivale a administrar la crisis sin transformarla. La democratización que hoy se requiere no es retórica ni coyuntural, sino constitutiva: implica articular las demandas dispersas del cuerpo académico en un principio común de representación, capaz de convertir la desigualdad material en igualdad política reconocida.
Superar estos dilemas es una condición previa —no posterior— a la disputa por los nombres que conducirán la institución. Solo resolviendo la base política de la comunidad universitaria será posible proyectar un gobierno legítimo, capaz de conducir una universidad compleja en un escenario de exigencias crecientes. La ponderación universal no es un ajuste técnico, sino un acto fundacional: el reconocimiento explícito de que la democracia universitaria debe construirse desde la realidad efectiva de quienes la hacen posible, y no desde ficciones normativas que ya han demostrado su agotamiento.
Cristina Moyano Barahona
Consejera Universitaria.