En las últimas semanas, la Universidad de Santiago de Chile ha atravesado una crisis política que no debe ser reducida a un conflicto contingente, administrativo ni meramente reglamentario. Lo que está hoy en discusión es mucho más profundo: el modo en que concebimos la democracia universitaria como forma de vida institucional y como principio rector de lo público. Este conflicto ha expuesto tensiones no resueltas entre tres dimensiones de la convivencia política: la legalidad como marco de orden, la legitimidad como reconocimiento comunitario, y la representación como validación del poder y de sus decisiones. Cuando estas tres dimensiones dejan de coexistir en equilibrio, la institucionalidad se torna vulnerable y pierde capacidad de conducción democrática.
La legalidad es condición necesaria del gobierno universitario. En una institución pública, el respeto a las normas, reglamentos, estatutos y resoluciones es irrenunciable. Sin legalidad no hay resguardo de derechos, no hay estabilidad normativa ni continuidad institucional. El problema no está, entonces, en la vigencia de la norma, sino en su uso político. La crisis actual ha mostrado que la legalidad puede convertirse en un escudo formalista para cerrar conversaciones pendientes o evitar la discusión política cuando esta se vuelve incómoda. Una norma aplicada sin deliberación erosiona autoridad en lugar de producirla, porque reemplaza la construcción de acuerdos por imposiciones revestidas de procedimiento.
En momentos de tensión, la legalidad es invocada como última palabra, pero ese recurso suele evidenciar una carencia: la ausencia de legitimidad. Las decisiones que no logran reconocimiento político en la comunidad pueden ser válidas jurídicamente, pero resultan frágiles para sostener el orden institucional, porque se perciben como poco representativas o desconectadas del cuerpo universitario. La legitimidad institucional no se decreta: se construye mediante prácticas públicas que generen confianza, diálogo efectivo y sentido de pertenencia. No basta invocar que una decisión “cumple con el reglamento” si además no cumple con el principio de justicia percibida por quienes integran la universidad. Una democracia sin legitimidad se vacía de contenido y queda reducida a un ritual administrativo que protege procedimientos, pero no construye comunidad política.
La tercera dimensión en disputa, muchas veces omitida, es la representación. Las universidades públicas siguen arrastrando un déficit histórico en la distribución del poder institucional: procedimientos electorales que funcionan, pero que no siempre producen legitimidad social; órganos colegiados que deliberan, pero que a veces quedan prisioneros de correlaciones de fuerza más que de la construcción de bien común; autoridades que cumplen quórum reglamentarios y obtienen mayorías simples, pero que enfrentan posteriormente resistencia porque no logran reconocimiento transversal. En suma: la representación universitaria se ha vuelto problemática porque ya no basta con ser elegido; hoy es necesario también ser validado políticamente.
«Lo que está en juego no es un conflicto entre reglamento y asamblea; es un desacuerdo sobre el sentido de universidad pública.»
En ese contexto, los quórum de votación, que son esenciales para la toma de decisiones, corren el riesgo de transformarse en un dispositivo de poder vacío: producen resultados jurídicamente correctos, pero no necesariamente legítimos ni representativos. Una universidad madura debe preguntarse si está decidiendo bajo el principio de “mayorías aritméticas” o bajo el principio de “validación democrática”. Porque una decisión que divide profundamente a la comunidad, aunque alcance el quórum exigido, no fortalece la institucionalidad; la resquebraja silenciosamente.
Esta crisis ha evidenciado, además, que la democracia universitaria no puede sostenerse solo en la elección periódica de autoridades o representantes estamentales. La democracia exige también mecanismos permanentes de contrapeso institucional, procesos de rendición de cuentas pública, exigencia de justificación argumentada para las decisiones, supervisión colegiada y participación significativa en fases tempranas de las políticas institucionales. No se trata de reemplazar la institucionalidad representativa por asambleísmo, sino de perfeccionar la democracia universitaria ampliando su calidad deliberativa y su responsabilidad pública.
Lo que está en juego no es un conflicto entre reglamento y asamblea; es un desacuerdo sobre el sentido de universidad pública. Una universidad no es una empresa académica ni una mera organización funcional: es una comunidad de sentido que se debe a un mandato ético y republicano. La universidad pública no solo administra conocimiento; lo pone al servicio de la sociedad. Y para que su palabra tenga autoridad pública, primero debe ordenar su propia vida democrática interna. Una institución que no construye legitimidad dentro de sí misma difícilmente puede defender la legitimidad del Estado social, de los derechos colectivos o de la educación pública ante el país.
La salida a esta crisis no puede venir solo de una negociación táctica, ni de un reacomodo temporal de fuerzas, ni del simple paso del tiempo a la espera de que el conflicto se desgaste. La superación de esta crisis requiere altura política, reforma institucional y valentía ética. Se necesita restablecer la confianza, no mediante declaraciones genéricas, sino a través de hechos que devuelvan a la comunidad la convicción de que la universidad es un proyecto colectivo y no una suma de micro-gobiernos estamentales. Para ello es indispensable que toda decisión sea jurídicamente correcta, pero también políticamente validada y éticamente justificable. De lo contrario, seguiremos atrapados en una espiral de crisis cíclicas que degradan el prestigio institucional y agotan a la comunidad.
No estamos solamente ante un problema interno. Lo que hoy vive la USACH es parte de una crisis más amplia que atraviesa a las instituciones del país: la creciente distancia entre autoridad y ciudadanía, entre representación y confianza. Lo que está en juego en nuestra universidad es un experimento democrático decisivo para Chile: demostrar que aún es posible construir instituciones legítimas que se sostengan no solo en la ley, sino también en la responsabilidad pública y el reconocimiento mutuo. La democracia universitaria no puede darse por sentada: debe ser ejercida, cultivada y defendida, no como discurso, sino como práctica cotidiana de convivencia institucional.
Dra. Cristina Moyano Barahona
Consejera Universitaria