Hablar hoy de la universidad exige un gesto honesto: mirar de frente la aguda crisis que atraviesan especialmente las universidades regionales y, en general, las universidades públicas del país. No estamos simplemente ante una crisis coyuntural o financiera; se trata de una crisis estructural que se profundiza por el descenso demográfico, sí, pero también porque nuestras instituciones fueron diseñadas para otro tiempo, con lógicas y marcos de funcionamiento que hoy resultan insuficientes para sostener con dignidad la misión universitaria.
A ello se suma un elemento decisivo: un sistema de financiamiento neoliberal, competitivo y fragmentado, que no alcanza para sostener proyectos académicos robustos y que, en lugar de promover cooperación y articulación entre instituciones, nos obliga a competir por sobrevivir. Competimos por estudiantes, por fondos, por acreditaciones, por indicadores; competimos cuando deberíamos estar colaborando para fortalecer el sistema público de educación superior como una red estratégica para el país. Ese marco, que premia la rentabilidad de corto plazo, debilita la posibilidad de pensar la universidad como bien común.
Empujadas por estas condiciones, muchas universidades —particularmente las regionales— han debido replegar o abandonar parte de su misión de investigación, no porque hayan renunciado a su valor, sino porque el sistema las obliga a privilegiar aquello que parece “rentable” en lo inmediato. Se olvida entonces algo esencial: no existe docencia de excelencia sin investigación que la nutra; no hay pensamiento crítico sin creación de conocimiento; no hay universidad cuando se rompe el círculo virtuoso entre investigar, enseñar y formar integralmente.
Las consecuencias son profundas. Se transforma la formación profesional en simple preparación para el mercado, reduciendo a los estudiantes a usuarios de un servicio educativo. Pero formar profesionales no es entrenar mano de obra; es acompañar vidas en desarrollo, construir ciudadanía, cultivar pensamiento crítico, responsabilidad ética, sensibilidad cultural, apreciación del arte y conocimiento de las humanidades como saberes indispensables. Cuando estos componentes son marginalizados, no solo empobrecemos la universidad: empobrecemos la sociedad.
Mientras tanto, el financiamiento vigente nos empuja hacia una universidad concebida como fábrica taylorista: obsesionada con métricas, indicadores, rendimientos y “graduación oportuna” como meta suprema. Se rigidizan las trayectorias, se reduce el tiempo humano, se castiga la duda, la exploración, el error, el descubrimiento personal. Lo que debería ser experiencia transformadora se convierte en tránsito acelerado por mallas inflexibles orientadas más a cumplir que a crecer.
La universidad que soñamos —y que aún podemos defender— debe ir en sentido contrario. Debe ser colaborativa, solidaria, comprometida con sus territorios, articulada con sus comunidades, y capaz de pensar junto a ellas. Debe seguir siendo cimiento del pensamiento crítico, espacio donde se construyen lenguajes comunes, donde se ensayan proyectos de país, donde se fortalecen convicciones democráticas y donde la diversidad se asume como riqueza. La universidad no solo transmite conocimiento: habilita conversación pública, produce legitimidad social, sostiene la democracia.
Invertir en universidad no es invertir en un fondo mutuo. No se trata de rentabilidad financiera, sino de futuro. Es apostar por una sociedad más justa, por seres humanos más completos, por mayor cohesión social, por ciudadanía consciente y reflexiva. Es comprender que la investigación no es lujo, sino condición de autonomía intelectual; que la cultura y las humanidades no son adorno, sino estructura de sentido; que el conocimiento es un bien público y no mercancía.
Hoy, cuando las universidades regionales luchan por subsistir, cuando las públicas cargan con presiones crecientes, cuando se precariza el trabajo académico y se naturaliza la competencia como principio rector, se vuelve urgente defender otra idea de institución. No es nostalgia: es responsabilidad social, dignidad intelectual y compromiso con el país.
La universidad que soñamos sigue siendo posible. Pero requiere políticas públicas valientes, financiamiento estable, visión de Estado, defensa del carácter público del conocimiento y voluntad institucional para resistir la lógica puramente mercantil. Requiere recuperar la convicción de que la educación superior no se mide por su rentabilidad, sino por su capacidad de construir futuro.
Si todavía existe un espacio desde el cual podemos imaginar un país mejor, es la universidad. Defenderla no como reliquia, sino como promesa, es una tarea ética y colectiva: creer que la inteligencia, la creatividad, la sensibilidad y la dignidad no son negocios, sino derechos, y que sin ellas no hay proyecto de sociedad posible.
Dra. Cristina Moyano Barahona
Consejera Universitaria